E n los últimos meses, el Gobierno provincial avanzó con decisión en la recuperación de terrenos fiscales usurpados. Según informes oficiales, ya se han recuperado alrededor de 428 hectáreas en distintos predios provinciales; y otras 622 se encuentran en proceso judicial y administrativo de restitución. En total, la Provincia apunta a reincorporar más de 1.000 hectáreas al dominio público, un número que refleja tanto la magnitud de un problema largamente postergado como la importancia de contar con políticas firmes y sostenidas para resolverlo.

La usurpación de tierras fiscales no es un tema menor. Supone un daño directo al patrimonio público, deteriora la confianza ciudadana y debilita la autoridad del Estado. Además, priva a la comunidad de espacios estratégicos que deberían destinarse al bien común: áreas turísticas, ambientales, recreativas, de servicios o de infraestructura. Que esos terrenos se encuentren en manos indebidas significa que se diluye la posibilidad de que sean aprovechados en beneficio de todos.

Los operativos recientes en lugares como El Cadillal, El Mollar, Yerba Buena o Ticucho, y las consecuencias de estos muestran -al menos si uno toma estos últimos meses- que la Provincia no solo detecta y difunde la irregularidad, sino que está dispuesta a actuar. Esa decisión política es relevante, pero por sí sola no alcanza. Para que la recuperación tenga un impacto duradero, resuta necesario que los distintos niveles del Estado -Provincia, municipalidades y comunas rurales- trabajen de manera mancomunada.

La Provincia debe garantizar el marco legal y judicial que permita sostener los procesos, mientras que municipios y comunas rurales tienen la responsabilidad de colaborar en la identificación en la señalización de los predios usurpados y, cuando estos son recuperados, en su custodia para que se eviten nuevas ocupaciones. La vigilancia local es clave para esto y para que, luego, esas tierras se conviertan en espacios útiles, sobre la base de las necesidades de los vecinos. Delegaciones policiales, centros de salud, espacios verdes o caminos públicos solo serán posibles si hay un compromiso real de las autoridades más cercanas al vecino. En ese sentido, también destacar que la Provincia capacitó a los comisionados comunales para que cuenten con elementos y con protocolos para la protección del patrimonio territorial.

Recuperar tierras es apenas el primer paso. El verdadero desafío pasa por definir qué hacer con ellas. Algunos destinos ya están previstos, como la instalación de dependencias policiales en inmuebles recientemente recuperados en la Capital. Pero el horizonte debe ser más amplio: plazas, centros culturales, áreas recreativas, reservas ambientales, playones deportivos o proyectos turísticos que aporten calidad de vida, identidad y desarrollo económico.

El peor escenario sería que esas tierras, una vez recuperadas, queden abandonadas. Predios sin mantenimiento, sin servicios y sin un plan concreto corren el riesgo de volver a ser ocupados o de convertirse en focos de degradación. Por eso cada recuperación debe ir acompañada de una planificación clara y de la participación comunitaria, para que la sociedad se sienta parte de algo que es suyo.

Otro aspecto esencial es la transparencia. La ciudadanía necesita saber qué tierras se recuperaron, cómo se administrarán y a qué fines se destinarán. Informes públicos, mecanismos de control y espacios de participación son herramientas que fortalecen la legitimidad de esta política. Además, aseguran que el esfuerzo invertido en desalojar y regularizar se traduzca en beneficios reales y visibles.

La recuperación de terrenos fiscales en Tucumán parece avanzar -al menos por el momento- en la dirección correcta. Pero el éxito no dependerá solo de las hectáreas recuperadas, sino de la capacidad de cuidarlas, gestionarlas y convertirlas en patrimonio vivo. Recuperar sin planificar es volver a perder. Recuperar para transformar, por el contrario, significa apostar por un futuro más justo y ordenado para todos.